Un ciudadano cuenta que un hombre vestido de agente penitenciario y con el rostro tatuado con el número 18, llegó a su casa a decirle, “por las buenas”, que le ofrecía 100 mil lempiras por su propiedad valorada en un millón de lempiras. De lo contrario, la siguiente visita sería para asesinarlo.
Consciente de que la visita era más que una advertencia, el ciudadano se vio obligado a trasladarse a la ciudad, donde ahora vive con sus hijos.
Su casa fue usurpada por las pandillas para guardar armas y transformarla en su centro de operación.
¿Y las autoridades?
Los vecinos de este municipio no encuentran salida a esta problemática.
Se han acercado a la policía local y a la alcaldía en busca de protección, pero quienes tienen el control del despacho son los hermanos y no el alcalde, José Luis Rubí, quien dirige desde su oficina en Tegucigalpa, confiesa el entrevistado.
Se le consultó al comisionado Otoniel Castillo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien comentó que el salario de un agente penitenciario es de L12 mil.
Es uno de los más bajos en la escala del salario mínimo que se paga en Honduras con jornadas extensas que alcanzan hasta 24 horas.
Esta sería, según Castillo, una de las principales causas por las que algunos agentes caen en las redes de la corrupción carcelaria.
De igual forma, el director penitenciario indicó que al menos 60 celulares fueron decomisados en las últimas semanas durante los operativos que se desarrollan en los diferentes módulos de la penitenciaria “Marco Aurelio Soto” de Támara, Francisco Morazán.
