El diputado y médico Carlos Umaña lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), asegurando que la institución “seguirá dando tumbos” si no se aprueba una nueva ley de protección social.

Umaña señaló que gran parte de la crisis del IHSS se debe a la injerencia política en su administración, afirmando que el control partidario ha permitido irregularidades y decisiones que afectan directamente la atención de los derechohabientes.

El congresista sostuvo que la solución pasa por transformar el modelo de gobernanza de la institución, eliminando los nombramientos políticos y apostando por una administración técnica y transparente.

Además, aseguró que Honduras cuenta con los recursos y la capacidad para rescatar el sistema de salud, pero que se necesitan cambios estructurales que garanticen un mejor manejo de los fondos, acceso eficiente a medicamentos y una atención digna para la población, tomando como ejemplo modelos de seguridad social exitosos en la región.

Bajo un amplio dispositivo de seguridad coordinado entre distintas direcciones de la Policía Nacional, funcionarios policiales asignados a la UDEP-2 realizaron este martes el traslado del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, junto a otras dos personas.

Los ciudadanos fueron movilizados bajo estrictas medidas de seguridad hasta la cancha de los Bomberos, donde abordaron un helicóptero que los trasladará hacia la ciudad de La Ceiba.

Durante el operativo se observó una fuerte presencia policial en la zona, como parte de las acciones de resguardo implementadas por las autoridades para garantizar el traslado de los involucrados.

El Ministerio Público (MP) confirmó la suspensión temporal de la construcción de tres hospitales financiados con fondos nacionales en Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque, como parte de una investigación por posibles irregularidades.

El portavoz del MP, Yuri Mora, explicó que la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública conformó un equipo de fiscales, auditores e ingenieros para revisar el proyecto.

La medida fue autorizada por un juez y busca “neutralizar los efectos del delito” mientras se determina si hubo fraude, mal manejo de fondos o irregularidades en la ejecución de las obras, que superan los dos mil millones de lempiras.

El Ministerio Público también ha solicitado toda la documentación relacionada con los proyectos para continuar con las investigaciones.