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Julissa Villanueva hace fuerte declaración en torno a la investigación en torno al asesinato de Franklin Edilberto Villeda

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Recientemente la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, realizó fuertes declaraciones en las que aseguró contar con información que apunta a la participación de altos mandos policiales en el asesinato del empresario Franklin Edilberto Villeda. 

Según sus afirmaciones, el ministro de Seguridad estaría en conocimiento de los nombres de los individuos implicados, lo que ha generado gran inquietud tanto en el ámbito institucional como en la opinión pública.

De acuerdo con la información difundida, hace unos días el empresario se reunió en un hotel de San Pedro con personas involucradas en negociaciones para la compra de unas tierras. Durante este encuentro, se gestaron situaciones que, según algunos indicios, pudieron haber desencadenado el trágico suceso. Posteriormente, el empresario fue hallado sin vida y casi calcinado en el sector de Pimienta Cortés, lo que añade un matiz de brutalidad y premeditación al hecho.

Estas denuncias abren interrogantes importantes sobre la posible existencia de vínculos entre ciertos sectores del poder policial y actividades empresariales, lo que podría indicar irregularidades y un entramado de corrupción de alto nivel. Expertos en seguridad y derechos humanos han señalado la necesidad de que se realice una investigación exhaustiva e independiente, a fin de esclarecer todos los hechos y garantizar la transparencia en el proceso. Además, se exige que se revisen los protocolos de actuación de las instituciones implicadas, para evitar que casos como este vuelvan a repetirse y para restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de seguridad del país.

Las acusaciones emitidas por la viceministra han generado un ambiente de tensión y expectación en el entorno político, mientras diversos sectores piden respuestas claras y medidas contundentes que permitan sancionar a los responsables, de confirmarse las implicaciones denunciadas. 

La comunidad y las organizaciones civiles continúan vigilantes, demandando justicia para el empresario y el esclarecimiento completo de un hecho que ha dejado profundas heridas en el tejido social.

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Bomberos refuerzan operativos en Atlántida y llaman a proteger a menores de edad.

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El subteniente Julio Miralda, miembro del Cuerpo de Bomberos, informó que la institución mantendrá un despliegue estratégico en distintos puntos del departamento de Atlántida durante el período, con el objetivo de brindar atención inmediata ante cualquier situación de emergencia que pueda presentarse.

Miralda destacó que el personal estará activo y en constante monitoreo, especialmente en zonas de alta afluencia de personas, reforzando así las acciones de prevención y respuesta oportuna.

De igual manera, hizo un llamado a la población, en especial a los padres de familia, a no dejar solos a sus hijos menores de edad. Señaló que esta medida es clave para evitar incidentes y garantizar la seguridad de los niños durante estos días.

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CNA urge reformas electorales clave para fortalecer la democracia.

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El Consejo Nacional Anticorrupción reiteró su llamado al Congreso Nacional para aprobar reformas fundamentales como la implementación de la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas, la selección imparcial de autoridades electorales, reglas claras para el financiamiento político y la reconfiguración del modelo de justicia electoral.

El CNA enfatiza que las Juntas Receptoras de Votos no deben estar bajo el control exclusivo de los partidos políticos, sino integradas por ciudadanos capacitados y comprometidos con la transparencia del proceso electoral.

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Fiscal general suspendido asegura que juicio político responde a intereses y no a delitos.

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El fiscal general suspendido, Johel Antonio Zelaya, compareció ante la Comisión Especial del Juicio Político, donde defendió su gestión y cuestionó las motivaciones detrás del proceso en su contra.

Durante su intervención, Zelaya afirmó: “No estoy aquí porque he cometido un delito, estoy aquí porque les estorbo y porque les incomodo. Me voy con la frente en alto”, dejando clara su postura frente a las acusaciones.

El funcionario advirtió que este juicio político podría generar repercusiones a nivel internacional, al considerar que se estaría afectando la institucionalidad del país. Asimismo, reconoció que la decisión sobre su continuidad ya estaría definida, por lo que no seguirá en el cargo como fiscal general de la República.

La comisión está conformada por diputados de los partidos Nacional y Liberal, entre ellos Jorge Cálix, Mario Pérez y Antonio Rivera Callejas, quienes escucharon los argumentos del fiscal durante la extensa comparecencia.

En su defensa, Zelaya respondió a cuestionamientos relacionados con el denominado “Narcovideo”, el caso “Chequesol” y la falta de requerimiento fiscal contra Marlon Ochoa. Además, lanzó críticas hacia algunos congresistas presentes, quienes no emitieron cuestionamientos adicionales al finalizar su exposición.

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